Es malo formar personas y que se vayan pero aún es mucho peor no formarlas y que se queden (Henry Ford)

viernes, 17 de octubre de 2014

La expropiación del grupo Rumasa

En febrero de 1983 el Gobierno socialista, que llevaba tan solo unos meses en el poder, aprobó el decreto-ley por el que se procedía a la expropiación del grupo Rumasa, presidido por José María Ruiz Mateos, que estaba formado por 18 bancos (entre los que destacaba el Banco Atlántico) y casi 700 empresas (Galerías Preciados, Almacenes Sears, Loewe, varias bodegas en Jerez y La Rioja, varias cadenas hoteleras y empresas de alimentación, etc.), y que en total contaba con una plantilla de unos 65.000 empleados.


José María Ruiz Mateos


El crecimiento del grupo
El grupo empresarial liderado por Ruiz Mateos experimentó en los años 60 y 70 un fuerte crecimiento.
Las empresas del grupo financiaron su expansión recurriendo mayoritariamente a créditos concedidos por los bancos del grupo.

Una situación muy grave
En el momento de la expropiación el grupo Rumasa, que por entonces era el primer grupo empresarial español, atravesaba una difícil situación financiera que cuestionaba su viabilidad y lo situaba al borde de la quiebra.
Para Julio Argüelles, que publicó años después una tesis doctoral sobre el grupo Rumasa, su principal problema era el alto nivel de endeudamiento (y por ende la escasez de recursos propios) que asumió para financiar su expansión.
Las empresas del grupo se habían endeudado con créditos que mayoritariamente procedían de los bancos del grupo. La estrategia había funcionado en una coyuntura de bonanza económica y bajos tipos de interés, como la vivida en los 60 y principios de los 70, pero se convirtió en letal en un marco de recesión económica y de subida de los tipos de interés, como fue el de finales de los 70 y principios de los 80. Para agravar aún más la situación, Rumasa había acentuado su política expansiva en estos últimos años, merced a la adquisición de empresas con pérdidas.
Además, Rumasa había desatendido algunas advertencias formuladas por el Banco de España y se había negado a someter sus bancos a una auditoría, tal como le había recomendado el Fondo de Garantía de Depósitos.
En particular, en el momento de su intervención se apreciaban en Rumasa una serie de problemas e irregularidades derivados de una gestión inadecuada:
  • Doble contabilidad o caja B.
  • Sus bancos tenían una peligrosa concentración de riesgos en empresas del propio grupo.
  • Maquillaba sus cuentas para ofrecer beneficios que taparan las pérdidas que en realidad se estaban produciendo.
  • Tenía deudas tributarias y fiscales por unos 20.000 millones de pts.
  • Su agujero o déficit patrimonial era de unos 260.000 millones de pts. (valor real de los activos inferior a las deudas).
Razones esgrimidas
El Gobierno justificó su decisión de expropiar Rumasa por razones de utilidad pública e interés social, tal como se recoge en el art. 33.3 de la Constitución. No le quedaba otra alternativa para garantizar los depósitos de los bancos, los puestos de trabajo y los derechos patrimoniales de los acreedores. De no haber actuado, se hubiera desencadenado una crisis bancaria de gran magnitud.




Polémica
La medida decretada por el Gobierno resultó ciertamente muy controvertida.
Aunque recibió el apoyo de los presidentes de dos grandes bancos, como el Santander y el Popular, fue contestada desde la derecha, que presentó recurso ante el Tribunal Constitucional.
José María Ruiz Mateos consideró la expropiación una injusticia y un atropello, y se pasó los años siguientes denunciando el caso de todas las maneras posibles.

Reprivatizaciones
Un 90 % de las empresas de Rumasa fueron reprivatizadas y vendidas tan solo un año después de su expropiación, en algunos casos con fuertes críticas (como el de Galerías Preciados, que se vendió a un precio muy inferior al real). La operación tuvo un coste final para el Estado de unos 600.000 millones de pts. (3.600 millones de euros). Curiosamente, algunas de estas empresas acabaron, al cabo de los niños, en manos de la propia familia Ruiz Mateos, que se esforzó en reconstruir su imperio.
El resto de las empresas fueron disueltas porque eran sociedades instrumentales.

Un largo proceso judicial
El proceso judicial derivado de la expropiación de Rumasa se fue ramificando y se alargó durante muchos años.
El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo terminarían por dar su visto bueno a la expropiación decretada por el Gobierno y a las reprivatizaciones posteriores.
Pero José María Ruiz Mateos obtuvo también algunas victorias en el terreno judicial. La Audiencia Nacional le absolvió del delito de falsedad documental y el Tribunal de Estrasburgo reconoció su indefensión por la dilación del proceso.

Artículos
Antecedentes de una expropiación (por Julio Argüelles, publicado en febrero de 1993 en El País)
La gran expropiación (El País, 18 de febrero de 2011)

Para saber más
Vinculación banca-industria bajo una estructura holding: Análisis del grupo Rumasa. Tesis doctoral elaborada por Julio Argüelles. Universidad Complutense, 1992. Se analiza el caso español más singular de integración de empresas industriales y bancarias bajo una estructura de holding, un grupo que en corto espacio de tiempo se convirtió en el octavo grupo bancario y el primer holding privado de empresas de España. Se analizan las etapas de su expansión, poniéndose de manifiesto las características singulares de la estructura societaria del grupo, en la que los bancos son filiales de empresas, al contrario de lo que se produce habitualmente.

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