La jurisdicción universal
Permite juzgar crímenes y delitos contra la humanidad cometidos en un país en el que por razones políticas no pueden perseguirse con garantías de justicia, de imparcialidad y de independencia del sistema judicial. Se basa en un principio que entronca con la idea de un Derecho natural y una justicia universal, que debieran estar por encima de las leyes y de las circunstancias políticas que en un momento dado puedan existir en determinados países.
La reforma exprés de la ley de justicia universal
Fue impulsada por el PP en febrero de 2014 a raíz de las presiones de China para que se archivaran las investigaciones llevadas a cabo por la Audiencia Nacional sobre las denuncias por genocidio en el Tíbet.
Ha dado lugar a la aprobación de la Ley Orgánica 1/2014 de modificación de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, relativa a la justicia universal.
En la práctica ha supuesto que se restringiera la capacidad de los jueces en la investigación de delitos fuera de las fronteras españolas y de rebote ha provocado la excarcelación de más de medio centenar de supuestos narcotraficantes contra los que se seguían varios procedimientos aún en curso, suscitando una ola de indignación entre los jueces españoles.
El genocidio del Tíbet
La Audiencia Nacional española tenía abierta una causa contra el expresidente Jiang Zemin, el exprimer ministro Li Peng y otros seis altos cargos del gobierno chino, contra los que se emitió una orden de detención por un delito de genocidio en el Tíbet, cometido tras la ocupación de la región por China en 1950.
La causa arrancó en 2006, a raíz de la denuncia de Thubten Wangchen, director de la Fundación Casa del Tíbet de Barcelona y nacionalizado español, que relató ante la Audiencia Nacional la persecución étnica, la violación de los derechos humanos y el horror sufridos por miles de tibetanos a manos del gobierno chino.
Pero la reforma exprés de la ley de justicia universal ha determinado que se archive y se ponga punto final al caso.
En junio de 2014 el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió el sobreseimiento de la causa que llevaba el juez Ismael Moreno, entendiendo que España ya no tenía jurisdicción y que los acusados no reunían ninguno de los tres requisitos por los que la Audiencia Nacional podía mantener la competencia sobre la materia con arreglo a la nueva ley:
- No son españoles.
- No residen habitualmente en España.
- No son extranjeros cuya extradición haya sido denegada por las autoridades españolas.
España ha decidido cambiar los derechos humanos por dinero, declaró Thubten Wangchen al conocer la decisión de la Audiencia Nacional.
