Es malo formar personas y que se vayan pero aún es mucho peor no formarlas y que se queden (Henry Ford)

jueves, 29 de enero de 2015

La urna rota y las deficiencias de la política española

La urna rota es un libro colectivo, escrito por un grupo de jóvenes académicos y profesionales independientes, nacidos todos ellos entre 1977 y 1988, que en 2010 crearon en la Red el blog Politikon, con el fin de promover el análisis y el debate en el terreno de las ciencias políticas.
 
 
 
 
En su libro estos jóvenes autores analizan los fallos de la política española, que han agravado las consecuencias de la crisis económica y nos han llevado a una situación en la que buena parte de la ciudadanía ha perdido la confianza en sus gobernantes.
A juicio de ellos, detrás de la actual crisis política hay una combinación de factores estructurales (instituciones deficientes) y coyunturales (burbuja inmobiliaria).
 
Instituciones deficientes:
  • Organización de los partidos políticos: Son cerrados y monolíticos. Están muy jerarquizados. No hay debate interno. Todo esto genera problemas de reclutamiento de élites. Reclutan a aquellos más afectos a sus dirigentes.
  • Sistema electoral: A la hora de definir el sistema electoral de un país, debe optarse entre una mayor proporcionalidad (parlamentos más representativos, pero gobiernos sin mayorías absolutas) o más mayoritarismo (parlamentos menos representativos). En España nos hemos decantado por un sistema electoral proporcional de efectos mayoritarios, con listas cerradas y bloqueadas.
  • Administración pública: Está muy politizada. La injerencia de los partidos políticos es alta (cuentan con gran discrecionalidad en la atribución de cargos), lo que genera sesgos en las políticas públicas y facilidades para la corrupción. En muchas decisiones pesan más los condicionantes políticos que los técnicos (no hay neutralidad).
  • Carencia absoluta de controles externos (o ausencia de vigilancia externa en el proceso político): Falta un tejido asociativo que sea capaz de articular sus demandas y controlar al poder. Los medios de comunicación están bastante alineados con los partidos, lo que merma su capacidad de control y desactiva en parte a la sociedad civil.

martes, 27 de enero de 2015

El aforamiento: ¿un privilegio?

El aforamiento es una protección jurídica especial de la que se benefician diputados, senadores y otros altos cargos públicos. Implica que hayan de ser juzgados por un tribunal superior, y no por uno ordinario, si son imputados por delitos que hubieran podido cometer en el ejercicio de sus cargos (ello se justifica por la conveniencia de evitar presiones políticas).

Número de aforados
En España suman unos 17.600:
  • 5 miembros de la familia real (el Rey, sus padres, la Reina y la Princesa de Asturias).
  • Unos 2.000 políticos (miembros de gobiernos, parlamentarios y otros altos cargos institucionales).
  • Algo más de 15.000 miembros del poder judicial (jueces y fiscales).
En otros países de referencia la situación es muy diferente: en Francia existen 36 aforados (el Presidente de la República, el Primer Ministro y los demás Ministros); en Portugal e Italia, solo uno (el respectivo Presidente de la República); en Reino Unido, Alemania o Estados Unidos no hay aforados.
 
Eliminación
Hoy se cuestiona el mantenimiento de esta institución, que para muchos es un privilegio injustificado que podría vulnerar el principio de igualdad ante la ley.
Su eliminación exigiría la reforma de la Constitución en algunos casos (ministros, diputados y senadores); en los demás podría hacerse por ley orgánica.



 
Reforma constitucional
Sería necesaria para eliminar el aforamiento del Rey, miembros de la familia real, miembros del gobierno central, miembros de los gobiernos autonómicos, diputados nacionales y senadores, lo que exigiría al actual gobierno de Rajoy la negociación política con el resto de grupos parlamentarios para que saliera adelante.
 
Reforma de la LOPJ
La retirada del aforamiento a jueces, fiscales y jueces de paz es una de las medidas incluidas para el anteproyecto de ley para la reforma de la LOPJ. Al tratarse de ley orgánica, su aprobación requeriría mayoría absoluta en el Congreso, que el actual gobierno de Rajoy tiene en el Congreso. No obstante, existe el riesgo de que la reforma no se apruebe en la actual legislatura.
Dicho anteproyecto de ley incluye otras medidas de reforma de la LOPJ, como la instrucción colegiada (los casos judiciales de mayor repercusión social y los investigados en la Audiencia Nacional serán instruidos por tres jueces en lugar de uno) o la prohibición a los jueces de opinar sobre procesos o causas abiertas, que estén tramitando otros compañeros.

Otras reformas
Otros altos cargos institucionales (como el Defensor del Pueblo, el presidente y los consejeros del Consejo de Estado, el presidente y los consejeros del Tribunal de Cuentas, etc.) gozan también de aforamiento, pero su protección jurídica no figura recogida en la Constitución. Por ello, para la eliminación de tal aforamiento bastaría con la reforma de las respectivas leyes orgánicas que regulan el estatus de dichas instituciones.
Para retirar el aforamiento a miembros de los gobiernos autonómicos y a diputados de los parlamentos autonómicos se requeriría la reforma de los respectivos Estatutos de Autonomía.
 
Artículos
La ley eliminará el aforamiento de 15.000 jueces, fiscales y otros cargos (El País, 5 de septiembre de 2014)

viernes, 14 de noviembre de 2014

Trabajo decente

El trabajo decente es definido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como aquel que garantiza o respeta los derechos laborales mínimos de los trabajadores, facilitándoles el progreso social a ellos, a sus familias y a las comunidades en las que viven.
Ha de reunir una serie de características:
  • Proporcionar ingresos dignos al trabajador, así como bienestar y protección social para él y su familia.
  • Realizarse en condiciones de salud y seguridad.
  • Fomentar la igualdad de oportunidades y de trato para todas las mujeres y hombres.
 
 
 
 
La OIT acordó en 2008 celebrar cada 7 de octubre la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Como nos recuerda en el audio siguiente el portavoz de la OIT en España, de los 3.000 millones de trabajadores que hay en el mundo 2.000 millones no tienen un trabajo decente.
 
 
 
 
 
La OIT ha criticado recientemente la devaluación salarial interna llevada a cabo en España y ha propuesto, como alternativa, vincular salarios y productividad.
 

El derecho al trabajo de las personas con discapacidad y los centros especiales de empleo

Los centros especiales de empleo (CEE) tienen como finalidad asegurar un empleo remunerado a las personas con discapacidad, facilitando su integración en el mercado laboral. Fueron creados en 1982 por la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI).
Su titularidad puede ser pública o privada, es decir, pueden ser creados por organismos públicos o privados y por empresas.
Su forma jurídica puede ser variada.
Su plantilla ha de estar formada al menos en su 70 % por personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.
La relación laboral de los trabajadores con discapacidad que presten sus servicios en centros especiales de empleo es considerada especial por el Estatuto de los Trabajadores (art. 2.1.g) y se rige por su normativa específica.




En España aproximadamente un 10 % de la población (casi 4 millones de personas, de las que 1,5 millones estaría en edad de trabajar) padece algún tipo de discapacidad y su tasa de paro es ocho puntos mayor que la del resto de la población (alrededor del 33 %).




Normativa
Ley de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (Real Decreto Legislativo 1/2013), abreviadamente Ley General de Discapacidad (LGD). Habla de los centros especiales de empleo en los arts. 43 a 45.
Real Decreto 1451/1983, que regula el empleo selectivo o las medidas de fomento del empleo de los trabajadores minusválidos.
Reglamento de los centros especiales de empleo (Real Decreto 2273/1985).




Enlaces

miércoles, 12 de noviembre de 2014

La polémica reforma de la ley de justicia universal

La jurisdicción universal 
Permite juzgar crímenes y delitos contra la humanidad cometidos en un país en el que por razones políticas no pueden perseguirse con garantías de justicia, de imparcialidad y de independencia del sistema judicial. Se basa en un principio que entronca con la idea de un Derecho natural y una justicia universal, que debieran estar por encima de las leyes y de las circunstancias políticas que en un momento dado puedan existir en determinados países.

La reforma exprés de la ley de justicia universal
Fue impulsada por el PP en febrero de 2014 a raíz de las presiones de China para que se archivaran las investigaciones llevadas a cabo por la Audiencia Nacional sobre las denuncias por genocidio en el Tíbet.
Ha dado lugar a la aprobación de la Ley Orgánica 1/2014 de modificación de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, relativa a la justicia universal.
En la práctica ha supuesto que se restringiera la capacidad de los jueces en la investigación de delitos fuera de las fronteras españolas y de rebote ha provocado la excarcelación de más de medio centenar de supuestos narcotraficantes contra los que se seguían varios procedimientos aún en curso, suscitando una ola de indignación entre los jueces españoles.




El genocidio del Tíbet
La Audiencia Nacional española tenía abierta una causa contra el expresidente Jiang Zemin, el exprimer ministro Li Peng y otros seis altos cargos del gobierno chino, contra los que se emitió una orden de detención por un delito de genocidio en el Tíbet, cometido tras la ocupación de la región por China en 1950.
La causa arrancó en 2006, a raíz de la denuncia de Thubten Wangchen, director de la Fundación Casa del Tíbet de Barcelona y nacionalizado español, que relató ante la Audiencia Nacional la persecución étnica, la violación de los derechos humanos y el horror sufridos por miles de tibetanos a manos del gobierno chino.
Pero la reforma exprés de la ley de justicia universal ha determinado que se archive y se ponga punto final al caso. 
En junio de 2014 el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió el sobreseimiento de la causa que llevaba el juez Ismael Moreno, entendiendo que España ya no tenía jurisdicción y que los acusados no reunían ninguno de los tres requisitos por los que la Audiencia Nacional podía mantener la competencia sobre la materia con arreglo a la nueva ley:
  • No son españoles.
  • No residen habitualmente en España.
  • No son extranjeros cuya extradición haya sido denegada por las autoridades españolas.
España ha decidido cambiar los derechos humanos por dinero, declaró Thubten Wangchen al conocer la decisión de la Audiencia Nacional.

martes, 11 de noviembre de 2014

Maternidad y empleo: ¿dos conceptos compatibles o excluyentes?

La experiencia muestra cómo algunas empresas no facilitan a sus trabajadoras poder conciliar la actividad laboral con sus obligaciones como madres y cómo la maternidad puede convertirse en toda una carrera de obstáculos para la mujer trabajadora, tanto si es una asalariada como una autónoma.
 
Recientemente Apple y Facebook han anunciado que ofrecen a sus empleadas la posibilidad de congelar sus óvulos para retrasar la maternidad y no poner en peligro sus oportunidades de promoción profesional. No cabe duda de que la medida resulta un tanto controvertida y ha suscitado múltiples críticas, pues supone reconocer que tener hijos es incompatible con progresar dentro de la empresa.
 

jueves, 23 de octubre de 2014

La Organización Mundial del Comercio

La Organización Mundial del Comercio (OMC) o World Trade Organization (WTO), con sede en Ginebra, fue constituida en 1995.
Tiene su antecedente en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, un tratado internacional firmado en 1947 y conocido como GATT por sus siglas en inglés.
La OMC se ocupa de las normas por las que se rige el comercio entre las naciones. Dichas normas se basan en decisiones adoptadas por los gobiernos de los países miembros y plasmadas en acuerdos.
Se ocupa también de supervisar las políticas comerciales nacionales para garantizar la aplicación de los acuerdos firmados. Igualmente hace de mediador en la atención de reclamaciones y en la resolución de diferencias que puedan surgir de la interpretación y aplicación de dichos acuerdos.
Pertenecen a la OMC la gran mayoría de países que participan en el comercio mundial. Actualmente son un total de 160 países miembros, entre los que se cuenta España, que representan aproximadamente el 95 % del comercio mundial. Están representados los gobiernos, no la sociedad civil.




Los acuerdos
Son negociados y firmados por los países miembros, y posteriormente ratificados por los respectivos parlamentos.
Están basados en los principios del librecambio y del sistema multilateral de comercio.
El espíritu de la OMC es que pueda llegarse a acuerdos libres entre los países, sin forzar nadie a nadie, aunque es cierto que en la práctica un país tiene mayor poder de negociación para imponer sus condiciones a otro o a los demás cuanto más grande es su mercado. Se adoptan por consenso y no por mayoría, lo que resulta una fórmula más democrática y equilibrada.
Pueden tratar de distintas cuestiones que afecten al comercio (mercancías, servicios, propiedad intelectual, etc.).
Han de ir orientados a reducir los obstáculos al comercio internacional y a asegurar condiciones de igualdad para todos, con las salvedades ya mencionadas.




Los objetivos
La OMC, por medio de las normas acordadas en su seno y la función supervisora y mediadora para la que está facultada, debiera servir a la consecución de los objetivos siguientes:
  • Ayudar a productores de bienes y servicios, a exportadores y a importadores en sus actividades.
  • Contribuir al crecimiento económico y al desarrollo.