A pesar de que recientemente los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) hayan avalado por mayoría la reforma laboral contenida en la Ley 3/2012, algunos siguen sosteniendo que algunas de sus disposiciones son contrarias a la Constitución Española (CE). Un ejemplo de ello son Marc Carrillo y Jesús Cruz Villalón, juristas y catedráticos universitarios, que argumentan su posición en un artículo publicado en la sección de opinión de El País.
Periodo de prueba en el contrato de apoyo a emprendedores
En la reforma laboral se establece un periodo de prueba de un año para el contrato indefinido de apoyo a emprendedores, lo que duplica la duración máxima establecida por ley para el personal de más alta cualificación.
El TC ha considerado la medida razonable y proporcionada, pero en opinión de estos dos juristas parece haberse apoyado más en argumentaciones coyunturales de base económica (como la necesidad de incrementar la competitividad en la actual situación de crisis económica y laboral) que en un juicio de constitucionalidad de la ley.
Los dos juristas mencionados entienden que esta ampliación del periodo de prueba es desmesurada y que la medida viola el principio de causalidad de las decisiones del empresario (este principio establece que no puede extinguirse el contrato de trabajo sin causa justa). Añaden que ignora lo dispuesto en la Carta Social Europea de 1961, como ya decretó en mayo de 2012 el Consejo de Europa. En definitiva, sostienen que la medida carece de garantías y es más un aliciente para la rotación de trabajadores a gusto del empresario que una medida de fomento de la ocupación.
Arbitraje laboral por parte de la Administración
Se establece también en la reforma que en los desacuerdos que surjan entre empresarios y trabajadores en sus negociaciones para no aplicar algunas de las condiciones de trabajo fijadas por convenio colectivo, podrá recurrirse al arbitraje de la Administración estatal o autonómica, a instancia o iniciativa de cualquiera de las partes (en la práctica suele ser el empresario).
El TC ha avalado también este arbitraje laboral público.
En este caso los dos juristas entienden que la disposición rehabilita el laudo obligatorio que existía en la era preconstitucional y que el TC rechazó en 1981, salvo en circunstancias muy singulares o de interés general. Defienden que la introducción de una regla de unilateralidad para pedir la intervención de la autoridad pública rompe el contenido esencial del derecho constitucional a la negociación colectiva, que garantiza la fuerza vinculante de los convenios e impide la inaplicación de un convenio colectivo pactado en su momento.
